El nuevo ministro de Defensa, Pedro Morenés, era el representante de Instalaza hasta hace 5 meses.

Morenés, ministro de "Defensa" fue consejero de la empresa de armamento bélico Instalaza
entre 2005 y 2007. Después ocupó el puesto de representante hasta el 4
de octubre de 2011 según recoge el Boletín Oficial del Registro
Mercantil. Sólo dos semanas antes de las elecciones.
La empresa de armamento de guerra Instalaza fabricaba (entre otras) bombas de racimo, una de las últimas partidas se le vendió, por ejemplo, al gobierno de Gadafi. Los dueños de la empresa decidieron demandar al estado en mayo del año pasado
(estando el PSOE en el gobierno) por aprobar una ley en 2008 en base al
Tratado de Dublín contra las bombas de racimo. Alegaban que esta
prohibición les haría perder dinero.
Es decir, una empresa de armamento pide una indemnización al estado
porque ha prohibido el uso de bombas que ya habían sido vetadas por la
ONU por su peligro.
Hoy sabemos que Instalaza venderá la deuda a una tercera empresa que a
su vez la revenderá y finalmente el Gobierno pagará alegando que no es
una empresa de armas la que cobra. El dinero saldrá de los impuestos de
todos.