En esta realidad mediática que padecemos, donde un medio para informar necesita saber qué partido es el culpable para no tocar la mano que da de comer, es harto normal que los afines al PSOE (sexta, cuatro, ser, elpais…) no van a informar una palabra de un escándalo que, curiosamente, tiene unas cifras similares a lo que se conoce del caso Bárcenas: 24 millones de euros. Y, sin embargo, existe.
Las diligencias 1773/11 avanzan a paso lento en el juzgado de
Instrucción nº 4 de Cádiz, cuya titular Lourdes del Río, está a la
espera de un nuevo atestado de la sección de Blanqueo de Capitales de la
Udyco de Sevilla para proceder a citar a nuevos imputados por el
escándalo del 'caso Bahía Competitiva' que investiga delitos de
defraudación de subvenciones, falsedad y blanqueo. La posible
defraudación de 24,7 millones de euros en ayudas que debieron invertirse
en la reindustrialización de Cádiz cuestiona la gestión realizada por
los organismos que evaluaban los proyectos que competían por hacerse con
financiación pública, a cambio de abrir empresas en zonas sedientas de
empleo como la provincia gaditana.
El baile de cifras y datos que en los últimos días se han publicado,
recuperando en muchos casos informaciones antiguas, pueden confundir
sobre el estado actual de las diligencias. En estos momentos hay quince
personas imputadas judicialmente. Todas ellas, salvo una, han pasado por
sede judicial, donde se les ha informado de su situación jurídica para
que recurran a sus letrados a la hora de prestar declaración. El único
imputado que aún no ha sido interrogado por la jueza, pero sí lo hizo
ante la Policía, es Ofelia Perales. La hija del histórico dirigente del
PSOE, Alfonso Perales, será citada cuando concluya la investigación
policial.
Ofelia aparece en las diligencias por su condición de empleada de una
de las empresas beneficiarias de ayudas públicas, cuya actividad fue
prácticamente inexistente pese a que recibió en la convocatoria del Plan
Reindus de 2010 2,4 millones para un proyecto de contaminación de
análisis de agua marina. A la Policía le llamó la atención cómo esta
sociedad -Soluciones Tecnológicas Medioambientales- arrancó con una
plantilla de siete trabajadores, de los cuales sólo dos eran vecinos de
la provincia. El resto llegó de la mano del principal implicado en esta
trama, el empresario gallego Alejandro Dávila Ouviña, promotor de los
proyectos empresariales bajo sospecha. La vocación de generar empleo en
la zona no fue el objetivo de esta empresa, que sí echó mano de la
sobrina del exgerente del Plan Bahía Competitiva, Antonio Perales, otra
de las figuras centrales de este escándalo.
Perales se ha descrito como una víctima más de los engaños de Ouviña.
No en vano, fue quien promovió que el gallego presentara sus propuestas
para desarrollar proyectos en su localidad natal, Alcalá de los
Gazules. Perales llegó a realizar un viaje a Galicia, junto al
exdelegado provincial de Agricultura, Juan Antonio Blanco, dentro del
cortejo previo antes de que Ouviña se hiciera con un paquete millonario
de ayudas.
Ya fuera engañado o no, este escándalo evidencia la pésima gestión
que hizo en Cádiz a la hora de atraer inversiones. Aquí Ouviña supo
colar sus proyectos. Sin embargo, en su tierra, no tuvo suerte. La Xunta
de Galicia le echó para atrás su intención de hacerse con 13 millones
en subvenciones a través de un plan de reindustrialización casi gemelo:
el Plan Ferrol. En la convocatoria de 2010, la Administración gallega
desestimó sus propuestas por falta de solvencia.
«Pobrecito mío»
La investigación policial también ha tirado de intervenciones
telefónicas para ir reuniendo pruebas. En las diligencias constan las
más sustanciosas como ésta que mantiene Ana Isabel Fuentes, otra de las
15 imputadas, con una mujer de nombre Ana. La transcripción arranca de
esta manera: «Antonio Perales no sabía nada, pobrecito mío», dice
Fuentes. «No tenía ni idea», replica Ana. Fuentes concluye: «¿Ah? De la
investigación..., no tenía ni idea... por eso el delegado de Agricultura
le acompañaba a Galicia, un mes antes de salir los resultados ... iban
los dos a Galicia... Pobre Antoñito que lo han engañado».
Ana María Fuentes ejerció de intermediaria entre los empresarios
investigados y los organismos competentes como la agencia IDEA para la
concesión de ayudas. Con despacho en El Puerto, sigue ejerciendo como
apoderada de empresas interesada en invertir en la provincia. A través
del seguimiento a sus conversaciones, el caso ha ido apuntando más a la
Administración andaluza. «Tuve buena fe con cierta gente porque venían
de donde venían, porque a mi me lo mandó la Junta», asegura a una
persona en septiembre de 2011 cuando Industria ya había publicado en el
BOE que reclamaba el reingreso de 14,5 millones otorgados a tres
empresas de Ouviña por incumplimiento de los planes aprobados.
Uno de los detalles de las diligencias que no se sabían hasta ahora
es la situación procesal de Rosa Mellado, gerente provincial de la
agencia IDEA, que absorbió la oficina del Plan Bahía Competitiva tras
conocerse la reclamación de Industria que propició la destitución de
Perales. Esta agencia andaluza, salpicada también por el escándalo de
los ERES, aparece en un primer momento como el organismo que denuncia el
posible fraude. Fue en abril de 2011 cuando el secretario general de
IDEA remitió un escrito a la Fiscalía señalando posibles irregularidades
en cuatro empresas (una de ellas la citada Soluciones Tecnológicas
donde estaba empleada Ofelia Perales) que habrían sido creadas sólo para
obtener subvenciones. Si bien esas denuncias se produjeron después de
que se aprobaran los proyectos de Dávila Ouviña que concurrió no sólo a
la convocatoria de 2010 del Plan Reindus, también obtuvo financiación en
la del ejercicio anterior.
En septiembre de ese año, el actual consejero de Justicia, Emilio
Llera, fiscal especializado en delitos económicos, es quien formula
denuncia, iniciándose el procedimiento judicial que acabó en Cádiz.
Fuentes de la investigación señalaron que la sorpresa de Mellado fue
mayúscula cuando supo que la jueza del nº 4 de Cádiz la citaba en
calidad de imputada y no como testigo. Insistió durante su
interrogatorio que había colaborado «en todo momento» con la Policía,
quien le había tomado manifestación en 2011 como testigo. Sin embargo,
la propia denuncia sitúa en una posición complicada a la agencia, ya que
este organismo está presente en la mesa que evaluaba las propuestas
empresariales, de la que salía el listado definitivo de proyectos
subvencionables. Ese listado lo remitía la Diputación al Ministerio de
Industria que daba la confirmación definitiva. Además de IDEA, evaluaban
dos técnicos del Instituto de Empresa y Desarrollo (IEDT) -dependiente
de Diputación- y un representante de la oficina de Bahía Competitiva.
Esa mesa fue la responsable de que las propuestas de Ouviña se
llevaran en una misma convocatoria más del 30% de las ayudas. En este
punto entra en juego un correo electrónico que desveló el PP tras
hacerse con el gobierno de la Diputación. En esa comunicación enviada
desde IDEA a los integrantes de la mesa evaluadora se modificaron las
baremaciones y se favorecieron a las empresas de Ouviña, elevando las
puntuaciones y los créditos concedidos. Unas indicaciones que no
encajaron bien los técnicos de Diputación, que advirtieron que se
estaban destinando millonarias ayudas a proyectos de poca fiabilidad.
Esos técnicos acaban de ser interrogados por la Policía.
También consta como imputada Rosa Pérez Cano, señalada por Mellado
como la representante de Bahía Competitiva en la comisión evaluadora. En
esa misma mesa había una persona más, que recibió ese mismo email con
indicaciones precisas de a qué empresas había que favorecer: Gema
Herrera, nuera de Luis Pizarro, exconsejero y cabeza de lista del PSOE
en las última autonómicas. Herrera es la única de esa mesa que aún no ha
sido citado por la jueza pese a ser la representante de la agencia
IDEA, según la declaración de Mellado.
El resto de imputados pertenecen a la rama gallega. Son dos hermanos
de la familia Retolaza que formarían parte del engranaje de empresas
receptoras de subvenciones; el director de una sucursal bancaria de la
localidad natal de Ouviña y varios empleados de éste último, que habrían
ejercido de testaferros.
La bomba que lanzó Antonio Sanz hace unos días sobre la imputación de
cinco excargos altos de Industria forma parte del atestado policial.
Esta semana, los agentes los interrogaban en Madrid y ahora será la
jueza la que decida si los cita como imputados. En esa misma situación
intermedia está la concejala socialista de Sanlúcar María José Valencia.
Fuente: Insurgente
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